Introducción

El Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la gestión de sus residuos tiene como objetivos reducir la cantidad de estos residuos y la peligrosidad de los componentes, fomentar la reutilización de los aparatos y la valorización de sus residuos y determinar una gestión adecuada tratando de mejorar la eficacia de la protección ambiental. Para lograr dichos objetivos la Ley establece una serie de normas aplicables a la fabricación del producto y otras relativas a su correcta gestión ambiental cuando devenga residuo.

Según datos oficiales proporcionados por los Estados miembros de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo en 2010, anualmente llegan a los vertederos europeos entre 8,3 y 9,1 millones de toneladas de chatarra tecnológica. Este número aumenta año tras año.

Actualmente sólo un 22% de estos residuos se recoge y trata adecuadamente. Se estima que cada ciudadano europeo genera una media de cuatro kilos de estos desechos al año.

La comisión de Medio Ambiente recomienda que para 2016 se recoja el 85 por ciento de los desperdicios que crea cada país, y que se reciclen entre el 50 y el 75 por ciento de los RAEE.

Además, la UE pierde muchas materias primas como consecuencia de la gran cantidad de residuos que salen ilegalmente. Por ejemplo, por cada millón de teléfonos móviles perdemos:

- 250 kilos de plata.

-  24 kilos de oro.

- 9 kilos de paladio.

- 9 toneladas de cobre.

Una mala gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas o baterías se traduce en la imposibilidad de reutilización o recuperación de los mismos, es decir, un desperdicio de los recursos y, lo que es más grave, en una más que probable contaminación del medio ambiente con la aparición y acumulación de sustancias peligrosas.